fbpx
Nacionales

Per saltum: juristas coinciden en que el caso reviste gravedad institucional, pero advierten por el planteo de fondo

Expertos en derecho consideraron “muy relevante” el fallo de la Corte Suprema que frenó los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y señalaron, ante la consulta de LA NACION , que se trata de un caso de gravedad institucional. Aclararon, sin embargo, que declarar admisible el reclamo no implica prejuzgar sobre la cuestión de fondo y que la resolución final sobre este tema tendrá un impacto sobre el funcionamiento del Poder Judicial, más allá de la situación puntual de cada uno de estos jueces.
El fallo estableció que hasta que se decida la cuestión de fondo, el Consejo de la Magistratura no deberá cubrir los cargos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Y les fijó un plazo de 48 horas al Consejo y a la Procuración General de la Nación para expedirse sobre el asunto a tratar.
En cuanto a la diferencia exhibida en el fallo de la Corte, en el que la mayoría estuvo compuesta por Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, con Rosenkrantz en un voto solitario, Gil Domínguez dijo: “Es poco razonable que según lo que dice la normativa procesal, y según los plazos cortos que haya dado la Corte, la mayoría haya inventado una cautelar implícita”.
“El Código dice que cuando abrís un per saltum se suspende la sentencia dictada, pero la suspensión de la sentencia dictada no inhibe el acto del Consejo de la Magistratura; ellos inventan una cautelar no regulada para dejar sin efecto la resolución del Consejo, y eso no está regulado procesalmente. En ese sentido es más riguroso Rosenkrantz, que se apegó más al trámite”, opinó Gil Domínguez, quien integra la Comisión Asesora formada por el Presidente para analizar el funcionamiento del Poder Judicial y la Corte Suprema.
El jurista Roberto Gargarella dijo que el fallo lo sorprendió “muy gratamente” y opinó, ante la consulta de este medio, que se trata de un caso “grave, jurídicamente fácil pero políticamente difícil de resolver”.
“El caso es jurídicamente fácil por dos razones: la más importante, porque a la Corte ya se le ha preguntado, explícitamente, sobre la validez de una serie de traslados efectuados por el gobierno anterior, y ella dio su acuerdo explícito al respecto. Y segundo, porque cada decisión que tome el poder político dominante para ‘liberar’ controles de sus espaldas debe ser examinada, en principio, con el escrutinio judicial más estricto: este es un caso claro al respecto.
“El caso es políticamente muy difícil porque conviven en nuestro país, hoy, un enorme hastío social hacia la clase dirigente y un Gobierno que, sorprendentemente, y de un modo que no sé explicar, prefiere enfocar sus energías en garantizar la impunidad (o la sed de revancha) de algunos de sus miembros, en lugar de concentrarse en la atención de la emergencia sanitaria y en el resguardo de los derechos sociales a la educación, a la salud y a una vivienda digna”, agregó Gargarella.

Fuente: La Nación

 

Mostrar más
Botón volver arriba
A %d blogueros les gusta esto: