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Bruno pidió cese inmediatamente el contrato con Federación Mercantil por el estacionamiento

En la mañana del día de la fecha la Concejal Karina Bruno elevo una nota al Intendente Municipal Martín Gill, para solicitarle que arbitre los medios legales necesarios para disponer le inmediata rescisión del contrato de concesión de la prestadora de servicios de estacionamiento medido, Federación Mercantil, por falta de legalidad e incumplimiento grave a la normativa vigente.

Con fecha 13 de diciembre de 2018 se dio segunda lectura al proyecto de ordenanza tarifaria para el corriente año, la sanción de la misma, hoy Ordenanza Nº 7.351 (Tarifaria 2019), mantuvo en su Art. Nº 60 la suma de Pesos Seis ($ 6,00.-) de cobro por hora de estacionamiento medido. Hecho además públicamente conocido y difundido por los distintos medios locales de noticias en sus diversos formatos, pero fundamentalmente lo acreditado en las actas de la sesión de dicha fecha, y su grabación en video.

Pero la sorpresa que nos llevamos en estos días es que la encargada del servicio dispuso en forma arbitraria, ilegal el aumento del monto de la misma a Pesos Ocho ($ 8,00.-), tal como puede apreciarse en la copia del comprobante que adjuntamos a este parte, de fecha 12 de febrero de 2019, es decir AYER. Lo que para la Concejal tal circunstancia constituye una falta grave, una más, que dan razones suficientes para disponer el fin de la relación contractual con la Federación Mercantil.

Debido al tenor de la gravedad constituida, la Concejal le solicita también se instruya al área de Asesoría Letrada para que disponga el inicio de acciones legales pertinentes, tanto civiles como penales por este nuevo incumplimiento.

Por otra parte solicita que se disponga el cese inmediato del cobro indebido, y la devolución y su correspondiente resarcimiento, del dinero cobrado ilegalmente a los usuarios afectados por este accionar.

Finaliza dicho documento aludiendo a que la constante laxitud y falta de controles de la prestación del servicio por parte del municipio durante todos estos años, más la conducta abusiva de la prestataria, y la dilación en la toma de decisiones en relación al servicio, hoy nos pone una vez más ante una situación que solo tiene un perjudicado: el vecino de nuestra ciudad.

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