Opinion

CBI: piden el juicio político a Senestrari

Escribe: Francisco Panero, de La Voz del Interior  –    Lo hicieron tres abogados cordobeses ante el procurador General de la Nación. Es por “mal desempeño” y pérdida de objetividad en la causa de la financiera Cordubensis (CBI).

Ayer, tres abogados cordobeses se presentaron en Capital Federal y solicitaron al procurador General de la Nación el “juicio político” y eventual remoción del fiscal federal Enrique Senestrari por supuestas irregularidades en la investigación de la causa de la financiera Cordubensis (CBI).

Los denunciantes son defensores de Darío Onofre Ramonda en la causa CBI: Manuel Agustín de Allende, Justo José Casado y Mario César Seleme, quienes vienen realizando presentaciones contra el fiscal de la causa por falta de objetividad y mal desempeño en la tramitación del expediente.

Los tres presentaron un escrito al procurador Eduardo Casal denunciando “conductas cometidas por el referido magistrado en la causa aludida, las que ameritan que la Procuración General inicie un sumario disciplinario” e “investigue la actuación y desempeño del fiscal y, oportunamente, disponga su remoción”.

En el fuero federal, el “sumario disciplinario” a un fiscal está a cargo del Tribunal de Disciplina y equivale al “juicio político” que se tramita contra los jueces y cuyo resultado también puede derivar en la destitución.

Los denunciantes adjudican a Senestrari conductas “que representan un mal desempeño y una infracción al deber de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y que han afectado grave y seriamente la objetividad que debe guardar” el fiscal.

El escrito de 36 carillas es una pormenorizada exposición de cargos en contra del fiscal cordobés a lo largo de su instrucción desde el inicio de CBI, en febrero de 2014.

Hechos de inconducta

El tridente de denunciantes manifiesta una serie de “acontecimientos procesales que rodean la inconducta del denunciado”. Critican a Senestrari desde que recibió la carta del fallecido vicepresidente de CBI, Jorge Suau, ya que comenzó a tomar supuestos testimonios “anónimos” antes de que el juez Ricardo Bustos Fierro decidiera si se abocaba al caso.

También aseguran que el fiscal recibió a dos personas anónimas el 12 de marzo de 2014 y que recibió del juez la delegación de la instrucción recién al día siguiente.

De Allende, Casado y Seleme se hacen eco de la expresión de Bustos Fierro sobre “desvíos en la investigación” por parte del fiscal a lo largo de la causa y enumeran tres casos: la pérdida del servidor 2 (la computadora con la actividad “en negro” de CBI), las exigencias desmedidas a particulares para acceder a sus cajas de seguridad y la falta de investigación sobre la ruta del dinero en el Banco Nación.

También reprochan los abogados en la presentación al procurador General Casal que Senestrari no se preocupó en investigar dos cajas de seguridad: una a nombre de Eduardo Accastello (como titular único) y la otra, a nombre de “Somos Cristina”, las cuales no fueron intervenidas y quedaron a libre disposición de sus usuarios.

Algo que se reitera en varios pasajes de la presentación es la “incorporación de prueba ilegal” a través de testigos anónimos, los expedientes “para agregar” o investigaciones paralelas a las que las partes no podían acceder, con el perjuicio de ignorar la evidencia que luego se volvería en su contra.

También se reprocha la falta de interés en investigar “la ruta del dinero” en el Banco Nación, los dineros del Eninder y los vínculos de Senestrari con un comisionado y de este con un imputado.

“Vemos que no sólo los vínculos que rodean al fiscal, sino también razones de afinidad ideológico-política, económicas y personales habrían motorizado que todos los recursos humanos y jurídicos del Ministerio Público hayan sido direccionados, divorciándose de la verdad real”, dicen.

Para el fiscal, es el fracaso de la defensa

“Lo primero para preguntarse es por qué, cuando la fiscalía logra que el cliente de estos abogados que me denuncian vaya a juicio, se acuerdan de denunciar cosas que, si hubieran pasado, pasaron hace cuatro años”, dijo Enrique Senestrari sobre el pedido de remoción y de juicio político en su contra.

El fiscal federal aseguró que el pedido es una maniobra que tiene ingredientes políticos. “Hoy hay cuestiones de la política que me juegan en contra. Soy una persona perseguida por ser kirchnerista y por pertenecer a Justicia Legítima”, analizó.

Senestrari, además, aseguró que buscan desprestigiarlo para disciplinarlo. “Pero el expediente está ahí. Lo verá el que tiene que intervenir. El juez Vaca Narvaja desestimó una denuncia por los mismos hechos”, enfatizó.

Por último, el funcionario judicial dijo que ya hizo su parte en el caso. “Esto es una derrota, un fracaso de la defensa, que no logró que el caso se cerrara antes de que fuera a juicio. Y va a ser un dato muy interesante que vaya a juicio una financiera como esta”, cerró.

Sanción pendiente

Falta de decoro. A comienzos de este año, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, recibió un pedido de sanción de 15 días por parte del fiscal Rafael Vehil. La razón de “falta de decoro” responde a declaraciones radiales de Senestrari  en las que manifestaba su deseo de que cayera el presidente Macri.

Fuente: La Voz del Interior

Mostrar más

Ver también

Close
Close